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La libertad de prensa en la República Dominicana se empañó en las últimas semanas por los «ataques de agentes de la policía» en contra de los periodistas, reportó este martes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe ante su reunión de medio año.

El primer hecho documentado por la SIP fue la represión y el despojó de los equipos de trabajo de los reporteros del Listín Diario y del canal de noticias CDN, quienes acompañaban a Pablo Ulloa, defensor del Pueblo, a verificar la situación en el canódromo.

«Algunos periodistas denunciaron episodios de agresiones de civiles o trabas a su ejercicio, especialmente en las coberturas de juicios por casos de corrupción», registró la SIP.

También se habla de quejas de los medios de comunicación por las reticencias de funcionarios o instituciones públicas a divulgar informaciones de interés, que se solicitan al amparo de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información.

«Centenares de solicitudes reposan sin respuestas más allá de los plazos fijados por la ley, lo que dio lugar a que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental hiciera un llamamiento a los entes públicos para que cumplan sus obligaciones y no incurran en el delito de ocultamiento», agregó.

La SIP destacó que el irrespeto de los funcionarios y las instituciones a la ley de acceso a información es contraria a las posturas que ha formulado el presidente Luis Abinader sobre la defensa de la libertad de prensa y expresión. Esto sucede a pesar de que Abinader firmó a finales de octubre de 2020 las declaraciones de Chapultepec y Salta que defienden la libertad de expresión y de prensa.

La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) expresó su preocupación a principios de este mes por la frecuencia con que personas vinculadas a sucesos o procesos judiciales o sus abogados intentan judicializar pedidos para retirar las informaciones en las que figuran imputaciones en su contra dirimidas en los tribunales.

La SDD recordó que, por una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en 2020, se reconoció el derecho que tienen los diarios digitales de mantener en sus plataformas las informaciones relativas a «hechos noticiables» que sean legítimas, veraces o procedentes de fuentes válidas.

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