El coronel Rafael Núñez de Aza, acusado de ser testaferro del general Adams Cáceres Silvestre, jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina no tenía ninguna relación comercial con este último, según las declaraciones de su abogado defensor, Félix Portes.

“Ellos no tenían ningún tipo de relación comercial, son situaciones que se han querido decir. Nuestro representado no es suplidor del Estado y no ha recibido un solo centavo por compras y contrataciones”, expresó el jurista este lunes.

Dijo que Núñez de Aza tiene empresas de vidrio, es agricultor, tenía casas de cambio de dólares y era auditor. “Nuestro representado no solo es coronel. Él tenía empresas desde el año 1995, no es que él era un limpiavidrios”, sostuvo Portes.

Según informaciones del Ministerio Público, Cáceres Silvestre administró RD$3,000 millones injustificados durante los años en que sirvió como jefe de seguridad en la gestión del expresidente Danilo Medina Sánchez (2012-2020).

Las autoridades del Ministerio Público establecen que este dinero lo manejó a través de varias empresas que administraban (testaferros) como la pastora Rossy Guzmán Sánchez, junto a su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez, detenidos como parte de la primera fase de la Operación Coral.

El abogado Félix Portes informó hoy que el expediente de solicitud de medida de coerción contra los implicados en la Operación Coral consta de 195 páginas y restó importancia a la cantidad, al señalar que lo importante es la calidad del contenido de esos expedientes.

“Vamos a solicitar de manera formal mañana que en la audiencia se dé acceso a los medios de comunicación, para que conozcan todas las tergiversaciones que se han hecho en los medios sobre el caso”, señaló Portes al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en el Distrito Nacional.

El representante legal del imputado Rafael Nuñez de Aza dijo que su defendido es acusado de violar la Ley 155-17 de lavado de activos; de violar la derogada Ley 72-02 de lavados de activos; de haber violado la ley sobre declaración patrimonial; de asociación de malhechores; coalición de funcionarios y otros tipos penales.

Sobre la declaración del caso complejo, dijo que el Ministerio Público hace esa solicitud porque existe mucha documentación y muchas personas que se deben investigar.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá la medida de coerción a los imputados del caso Coral el próximo miércoles 28 de abril, a partir de las 11:00 de la mañana.

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